English Letter Below

8 de septiembre de 2026

El Honorable Donald J. Trump
Presidente de los Estados Unidos de América

El Honorable Markwayne Mullin
Secretario de Seguridad Nacional

El Honorable Secretario Rubio
Washington, DC 20528

Estimado Presidente Trump, Secretario Mullin y Secretario Rubio:

Somos obispos, pastores y líderes de fe que servimos a congregaciones evangélicas latinas en todo los Estados Unidos. Aunque muchos de nosotros somos ahora ciudadanos de los Estados Unidos, muchos también somos inmigrantes. La mayoría pastoreamos iglesias donde ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y hermanos y hermanas indocumentados adoran juntos. Todos pertenecemos al mismo cuerpo. Hemos sido bautizados en las mismas aguas, compartimos los mismos principios bíblicos y criamos a nuestros hijos juntos en la misma comunidad.

Para nosotros, el inmigrante no es un tema abstracto; el inmigrante es una persona. Más aún, la inmigración es una realidad pastoral que enfrentamos cada semana en el ministerio que Dios nos ha encomendado. Al acercarnos al vencimiento, el 9 de septiembre, de la protección contra la deportación y de las autorizaciones de empleo que cerca de 200,000 salvadoreños han tenido durante 25 años, respetuosamente les instamos a extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador. Para la mayoría de los salvadoreños amparados por el TPS, la terminación de este programa resultará en la pérdida inmediata de su estatus legal y en la separación de sus hijos ciudadanos estadounidenses y otros familiares, así como en posibles detenciones y deportaciones. Por lo tanto, si deciden poner fin al TPS para El Salvador, les pedimos en oración que proporcionen una transición adecuada para sus beneficiarios mediante la adopción de un período ordenado y digno de dos años para la terminación gradual de estas protecciones.

Nuestra nación es más fuerte cuando protegemos tanto la seguridad como la dignidad humana. Las Escrituras nos llaman repetidamente a acoger al extranjero, proteger a las familias, buscar la justicia y tratar a los trabajadores con equidad. Jesús nos recuerda que todo lo que hacemos por “uno de estos mis hermanos más pequeños”, por Él lo hacemos (Mateo 25:40). El profeta Miqueas nos llama a “hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios” (Miqueas 6:8). Estos principios deben guiarnos al considerar el futuro de familias que durante más de dos décadas han vivido, trabajado, adorado, pagado impuestos y servido a sus comunidades en los Estados Unidos.

El Salvador ha estado designado para el TPS desde 2001. Actualmente, aproximadamente 170,000 beneficiarios salvadoreños del TPS permanecen en los Estados Unidos, muchos de los cuales han pasado más de 25 años construyendo sus vidas aquí. Son padres, madres, esposos, esposas, propietarios de viviendas, dueños de pequeños negocios, empleados, voluntarios, vecinos y miembros de nuestras congregaciones y comunidades. Más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen a uno de sus padres protegido por el TPS para El Salvador. Por lo tanto, poner fin a estas protecciones afectaría a muchas más personas que únicamente a quienes poseen el TPS. Colocaría a niños y familias estadounidenses en una situación de extraordinaria incertidumbre y podría separar a padres de hijos que son ciudadanos de los Estados Unidos.

Como personas de fe, creemos que mantener unidas a las familias no es simplemente un asunto migratorio. Es nuestra responsabilidad moral.

Casi todos los salvadoreños amparados por el TPS están actualmente empleados y constituyen una parte importante de la fuerza laboral y la economía de los Estados Unidos. Cerca del 90 por ciento participa en la fuerza laboral, trabajando en sectores como la construcción, el transporte, la manufactura, los servicios de alimentos, el paisajismo, la hospitalidad y otras industrias esenciales. Muchos han desarrollado, a lo largo de décadas, destrezas y experiencia de las cuales dependen las empresas estadounidenses. Sus contribuciones son sustanciales: los salvadoreños beneficiarios del TPS aportan aproximadamente $5.4 mil millones anuales a la economía de los Estados Unidos y pagan cerca de $1.5 mil millones cada año en impuestos federales, estatales y locales.

Una terminación abrupta de las autorizaciones de empleo y las consiguientes deportaciones perturbarían lugares de trabajo en todo el país, retirando a trabajadores cualificados de puestos esenciales y afectando a empleadores, trabajadores, consumidores y economías locales estadounidenses.

Creemos que una nación puede hacer cumplir sus leyes migratorias y, al mismo tiempo, reconocer que las personas que han vivido pacífica y productivamente en nuestras comunidades durante toda una generación merecen una consideración cuidadosa y compasiva. Si el TPS debe llegar a su fin, les pedimos en oración que consideren los profundos vínculos que nuestras familias, vecinos y hermanos y hermanas salvadoreños han establecido en este país, y que les concedan un período de tiempo razonable para poner sus asuntos en orden y permitir que las comunidades se preparen para el fin de sus protecciones legales.

Oramos para que consideren no solo lo que es legalmente permisible, sino también lo que es humano, compasivo y responde a los mejores intereses de nuestra nación. Durante más de 25 años, los salvadoreños beneficiarios del TPS han demostrado su compromiso con los Estados Unidos mediante su trabajo, sus familias, sus comunidades y sus contribuciones. Han respondido al llamado de proveer para sus familias y fortalecer las comunidades en las que Dios los ha colocado.

Les instamos a extender el TPS para El Salvador y preservar las autorizaciones de empleo para estos miembros ejemplares de nuestras comunidades, quienes han establecido profundas raíces en nuestro país.

Que Dios les conceda sabiduría, discernimiento y compasión al tomar esta decisión de tanta trascendencia.

Atentamente,

Obispos, pastores, y líderes de fe

Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (CEPA)

September 8, 2026

The Honorable Donald J. Trump
President of the United States of America

The Honorable Markwayne Mullin
Secretary of Homeland Security

The Honorable Secretary Rubio
Washington, DC 20528

Dear President Trump, Secretary Mullin, and Secretary Rubio,

We are bishops, pastors, and faith leaders serving Latino evangelical congregations throughout the United States. Although many of us are now citizens of the United States, many of us are also immigrants. Most of us pastor churches where U.S. citizens, lawful permanent residents, and undocumented brothers and sisters worship together. We all belong to the same body. We have been baptized in the same waters, share the same biblical principles, and raise our children together in the same community.

For us, the immigrant is not an abstract issue; the immigrant is a person. Moreover, immigration is a pastoral reality that we face every week in the ministry God has entrusted to us. As we approach the September 9 expiration of the protection from deportation and employment authorizations that nearly 200,000 Salvadorans have held for 25 years, we respectfully urge you to extend Temporary Protected Status (TPS) for El Salvador. For most Salvadorans protected by TPS, the termination of this program would result in the immediate loss of their legal status and separation from their U.S.-citizen children and other family members, as well as possible detention and deportation. Therefore, if you decide to terminate TPS for El Salvador, we prayerfully ask that you provide an appropriate transition for its beneficiaries by adopting an orderly and dignified two-year period to gradually phase out these protections.

Our nation is stronger when we protect both security and human dignity. Scripture repeatedly calls us to welcome the stranger, protect families, seek justice, and treat workers fairly. Jesus reminds us that whatever we do for “one of the least of these my brothers,” we do for Him (Matthew 25:40). The prophet Micah calls us to “do justice, love mercy, and walk humbly with your God” (Micah 6:8). These principles should guide us as we consider the future of families who, for more than two decades, have lived, worked, worshiped, paid taxes, and served their communities in the United States.

El Salvador has been designated for TPS since 2001. Currently, approximately 170,000 Salvadoran TPS beneficiaries remain in the United States, many of whom have spent more than 25 years building their lives here. They are fathers, mothers, husbands, wives, homeowners, small business owners, employees, volunteers, neighbors, and members of our congregations and communities. More than 150,000 U.S.-citizen children have a parent protected by TPS for El Salvador. Therefore, ending these protections would affect far more people than TPS holders alone. It would place American children and families in a situation of extraordinary uncertainty and could separate parents from children who are citizens of the United States.

As people of faith, we believe that keeping families together is not simply an immigration matter. It is our moral responsibility.

Nearly all Salvadorans protected by TPS are currently employed and constitute an important part of the U.S. workforce and economy. Nearly 90 percent participate in the labor force, working in sectors such as construction, transportation, manufacturing, food services, landscaping, hospitality, and other essential industries. Many have developed, over decades, skills and experience upon which American businesses depend. Their contributions are substantial: Salvadoran TPS beneficiaries contribute approximately $5.4 billion annually to the U.S. economy and pay nearly $1.5 billion each year in federal, state, and local taxes.

An abrupt termination of employment authorizations and the resulting deportations would disrupt workplaces across the country, removing skilled workers from essential positions and affecting American employers, workers, consumers, and local economies.

We believe that a nation can enforce its immigration laws while also recognizing that people who have lived peacefully and productively in our communities for an entire generation deserve careful and compassionate consideration. If TPS must come to an end, we prayerfully ask that you consider the deep ties that our Salvadoran families, neighbors, brothers, and sisters have established in this country and grant them a reasonable period of time to put their affairs in order and allow communities to prepare for the end of their legal protections.

We pray that you consider not only what is legally permissible, but also what is humane, compassionate, and in the best interests of our nation. For more than 25 years, Salvadoran TPS beneficiaries have demonstrated their commitment to the United States through their work, their families, their communities, and their contributions. They have answered the call to provide for their families and strengthen the communities in which God has placed them.

We urge you to extend TPS for El Salvador and preserve employment authorizations for these exemplary members of our communities who have established deep roots in our country.

May God grant you wisdom, discernment, and compassion as you make this consequential decision.

Sincerely,

Bishops, Pastors, and Faith Leaders of
Confraternity of Pentecostal Entities of the Americas (CEPA)